Resumen: La Sala resuelve un recurso formulado por quien se le deniega una pensión de viudedad cuando ha convivido con el fallecido y tienen una hija común. Se transcribe doctrina del sobre el requisito de constitución ad solemnitatem de la pareja de hecho mediante la inscripción en Registro público o la constitución en documento público al efecto. La existencia de pareja de hecho se acredita mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos de lugar de residencia o bien, mediante documento público en el que conste la constitución de la pareja. La inscripción en registro específico o la documentación en escritura pública de la pareja de hecho, es justificación ad solemnitatem y constitutiva de la pareja, sin que pueda ser sustituida por la propia acreditación de la convivencia more uxorio. La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las «parejas de derecho» y no a las genuinas «parejas de hecho».
Resumen: Formulada demanda en la que se insta la nulidad, por abusivas, de varias condiciones generales, se dictó sentencia en primera instancia que estima parcialmente la demanda, frente a la que interpone recurso la actora. La sentencia de apelación, que estima en parte el recurso, declara la nulidad de la comisión por vencimiento anticipado, por producirse de forma automática, por el simple hecho de dar por vencido anticipadamente el préstamo; la comisión por certificación de saldo, por constituir la certificación un acto debido que es consecuencia directa de su condición de acreedor y trasladar al prestatario una carga que pesa sobre el prestamista; la imposición de costas, por estar regulada en la legislación procesal; en cuanto la renuncia a la notificación de la cesión de crédito, señala que la cesión de crédito, admitida con carácter general en nuestro derecho sin necesidad de consentimiento del deudor, no puede perjudicar los derechos del cedido, que la LH la admite si se hace en escritura pública, se da conocimiento al deudor y se inscribe en el Registro, que la falta de notificación no afecta a la validez y que es criterio del TS que la renuncia anticipada a la notificación, prevista en el RH, en tanto que priva de las posibilidades jurídicas anteriores a la misma (conocimiento) y supone una merma los derechos del deudor cedido, no prevalece sobre la LGDCU y por tanto, al no constar que hubiera sido negociada individualmente se declara nula por abusiva.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia de instancia que condenó al acusado como autor de un delito de robo violento en tentativa y lesiones leves cometidos al tratar de alcanzar la efectiva sustracción de los bienes de los que se había apoderado en el supermercado en el que sucedieron los hechos. Sorprendido en la línea de caja por el vigilante, golpeó a éste a fin de tratar de huir, causándole lesiones leves. Se discute en el recurso la apreciación de la violencia como circunstancias cualificadora del inicial hurto, afirmando la Audiencia la conclusión de instancia dado que es apreciable el robo siempre que la violencia se desenvuelva dentro del iter sustractivo y no se halla alcanzado la consumación. Se rebaja la pena en atención al escaso valor de los efectos sustraídos.
Resumen: Se discute la contingencia profesional de un proceso de IT tras declara la sentencia de la instancia que es derivado de AT. Recurre la Mutua, que se estima. La Sala, aun reconociendo que concurren las circunstancias de un accidente in itinere tanto como que no existieron interferencias o desviaciones en el trayecto entre el centro de trabajo y del domicilio habitual, pero ante otras circunstancias concurrentes como el que no concurre la indispensable relación de causalidad entre el accidente con el trabajo pues la causa del accidente de tráfico es una crisis hipoglucémica, que nada tiene que ver con el trabajo.
Resumen: La sentencia de apelación revoca en parte de la instancia que declara la resolución de contrato de arrendamiento que unía a las partes y condena al demandado a dejar libre,vacía,expedita y a disolución de la actora la finca objeto de procedimiento de resolución de contrato de arrendamiento..Argumenta la Sala que no procede aplicar al caso lo dispuesto en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, re-estructuración de deuda y alquiler social y ello por cuanto que, el presente procedimiento es un juicio verbal de desahucio por espiración de plazo del art. 250.1.1º LEC no un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, en el que el acreedor se hubiera adjudicado la vivienda en el referido procedimiento.
